Es el reino de la paradoja. ¿Cómo puede ser que la actividad que genera más riqueza en el Perú esté constantemente causando los mayores conflictos sociales y poniendo en jaque a todo el país?

Yo, personalmente, estoy molesto con todos. Con las empresas mineras, con el Estado y, también, con las poblaciones y sus dirigentes. Por el amor de Dios: ¡Pónganse de acuerdo y hagan de una vez bien las cosas! No tengan al país con tantos sobresaltos.

Con tanto dinero y recursos en juego es evidente que muchas cosas se han hecho muy mal. Demasiada plata metida ha generado la prepotencia de unos y la prepotencia de otros. Y el Estado ha sido incapaz de ser considerado un eficaz mediador. La verdad lo que vemos es patético. El espectáculo habla mal de todos. Comenzando por los más poderosos.

Yo cuestionaría, para empezar, a las gerencias generales y a las gerencias y equipos de relaciones comunitarias de las minas ¿dónde se inicia la cadena de mentiras que lleva a que finalmente existan todos estos estallidos? ¿Con la información existente por doquier por qué no son capaces de establecer relaciones más saludables? ¿Qué pasa con los intelectuales y consultores que las aconsejan? ¿No les están haciendo caso o están diciendo solo lo que sus contratantes quieren escuchar?

Absurdamente, las empresas mineras han creído que su trabajo debe estar exclusivamente centrado a su relación con las comunidades aledañas a la mina. Craso error. Una empresa inteligente, responsable de una gran parte del PBI regional, debió encargarse, hace rato, de ser la locomotora del desarrollo intelectual y cultural de su región y no solo de empachar con dádivas a las pocas comunidades cercanas a su operación. “Eso no nos corresponde” – dirán-, pues ya ven los resultados.

Las empresas mineras están, por política institucional, desconectadas de las regiones cuando debería ser todo lo contrario. Este paradigma que domina sus mentes debe cambiar. Su negocio está en una región a la que deben convertir en líder nacional. Sin embargo, hoy por hoy, a los principales funcionarios de las minas no les gusta echarse a trabajar en construir sociedad. Ahí tienen, pues, los resultados.

El Estado está también hasta las caiguas. Si lo que aporta la minería al PBI nacional es tan, pero tan importante, ¿qué pasa que sus unidades de soporte, fiscalización y desarrollo son tan débiles?

¿Cuántas personas y cuánto dinero dispone el Estado para dar soporte salomónico -y no incondicional hacia la empresa - a la región donde las mineras desarrollan sus actividades? ¿Cuánta celeridad se ha ganado en la ejecución presupuestaria en las regiones y en las ciudades? ¿Por qué cuando uno viaja ve todo tan sin consistencia en las capitales departamentales y de provincia?

Las empresas mineras deberían ser las principales cuestionadoras del Estado ahí donde este funciona mal. Pero no se han querido comprar ese pleito. Prefieren no generar anticuerpos con ninguno de los distintos niveles del gobierno y, por tanto, no denuncian las ineficiencias estatales con el vigor que deberían.

Es hora de aceptar los errores garrafales e iniciar un severo replanteamiento. Tanta convención minera, tanto dinero, y finalmente tienen el país jaqueado por los indignados. Y, por favor, eso no quiere decir que ellos, los indignados, tengan la razón en todo.