¿Por qué el Estado no reaccionó antes?

Un ambulante dentro de una zona comercial es:

a. Un empresario que quiere aprovechar el alto tránsito de personas dispuestas a comprar.

b. Un vendedor contratado por un empresario que quiere aprovechar el alto tránsito de personas dispuestas a comprar.

En ambos casos, es responsabilidad del Estado, que esos empresarios no se aprovechen de las condiciones generadas por otros empresarios que invierten en hacer sus negocios alquilando o comprando locales para poner sus tiendas y talleres.

La presencia de ambulantes en espacios públicos, cuando es permitida por los representantes del Estado, da cuenta, por lo general, de corrupción entre los funcionarios del Estado a cargo de preservar el orden público.

Alcaldes, efectivos policiales, serenazgo, fiscalizadores, congresistas que intermedian a favor de los ambulantes, pueden estar metidos en esta corrupción.

Lo empresarios que se aprovechan y promueven la fragilidad de las instancias de control estatal para hacer uso de las calles, hacen bolsas para pagar para que no se haga nada. A más importante la zona comercial, más fuerte la bolsa.

Los alcaldes regularizan la presencia ambulatoria cobrando derechos por el uso de la calle. Esos ingresos diarios, no son supervisados por nadie.

¿Vale la pena pagar por la calle?

Como espacio comercial, dentro de una zona comercial, la calle vale muchísimo. Si tengo un espacio en la calle, tengo mayor garantía que los potenciales clientes vean mis productos y compren. Mucho más que, incluso, una tienda de un primer piso dentro de una galería comercial.

Para defender la calle, si los empresarios que están comprando o pagando alquiler por las tiendas donde desarrollan sus negocios se quejan, pues contrataré matones. Los negocios en la calle dan para pagar mi propia seguridad.

Con esos matones intimido a quien se queja, hago que se queden rumiando dentro de sus tiendas. A más meses, a más años, el empresario que se aprovecha del comercio ambulatorio gana más dinero.

Nuestro Estado ha venido funcionando tan mal que incluso zonas tan grandes como la de Gamarra, a tan pocas cuadras de las sedes principales de sus poderes, volvió a estar plagada de ambulantes.

La inacción del Estado en Gamarra fue más notoria en los últimos dos años. Cuando, el valiente Presidente de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra Diógenes Alva y los informes del programa dominical Panorama, arrinconaron al alcalde Elías Cuba con sus denuncias, con audios incluidos de cómo lotizaban calles de Gamarra para ferias.

A pesar de todas las denuncias, recién en los últimos meses del 2018, el JNE le quitó las credenciales como alcalde a Cuba. Asumiendo Harry Max Castro Durand. Hoy Cuba está en la cárcel, presuntamente "por liderar una banda de cobro de cupos" (El Comercio 10/08/2018).

Es en estos últimos meses del 2018, que se dio el total desgobierno en La Victoria y en las calles de Gamarra y que han venido a resolver el nuevo alcalde de La Victoria, George Forsyth y su gerente de Fiscalización Susel Paredes, articulando con el gobierno central del Presidente Vizcarra.

George Forsyth y Susel Paredes merecen un gran aplauso, igual que el presidente Vizcarra al darle su respaldo y disponer que las instituciones del Estado le den todo su respaldo.

Pero hay lecciones que aprender. Un distrito no puede estar abandonado a su suerte cuando es tomado por las mafias.

Gamarra reclamó todo esto al presidente PPK y a sus ministros PCM, Producción, Interior, sin ningún resultado.

¿Cuáles fueron sus excusas para justificar su inacción? ¿Por qué su dejadez? ¿Por qué no se pudo actuar antes?

Digo esto, porque la tolerancia al comercio ambulatorio continúa. Porque todo lo que signifique trabajar a favor de los nuevos empresarios del Perú es totalmente descuidado por el Estado peruano.